El 2 de Marzo se publicó en el BOE la Ley de reforma de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista con el fin de adecuar su contenido al constante proceso de globalización de la economía y adaptarse a la realidad de los mercados.
La modificación legislativa persigue incrementar el valor que genera la distribución comercial mediante la liberalización de la prestación de los servicios y la supresión de cargas para las empresas.
Entre las modificaciones más relevantes introducidas en la Ley podemos destacar las siguientes:
- Se establece la libertad de establecimiento como principio general eliminando la obligatoriedad de la licencia comercial.
- Se suprimen los criterios económicos, restrictivos de la competencia así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización. Las CCAA establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios. Esto supondrá el adelantamiento del inicio la actividad comercial ahorrando costes a los operadores.
- Se suprime la definición de gran establecimiento comercial, evitándose con ello un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, ya que no se hace referencia alguna a los metros cuadrados de los establecimientos. El único aspecto relevante será el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el patrimonio histórico-artístico que, dependiendo de la zona o el territorio, genere el establecimiento sin tener en cuenta la superficie.
- Se suprime la autorización previa en la venta automática y se exige únicamente la homologación de los modelos.
- En la venta ambulante se limita la duración de las autorizaciones para garantizar la rotación de los competidores debido a la escasez de suelo disponible, garantizando en cualquier caso a los comerciantes ambulantes la amortización de sus inversiones.
- Se sustituye la obligación de inscripción previa por una comunicación a posteriori del inicio de la actividad en los registros de ventas a distancia y de franquiciadores
Entre las modificaciones más relevantes introducidas en la Ley podemos destacar las siguientes:
- Se establece la libertad de establecimiento como principio general eliminando la obligatoriedad de la licencia comercial.
- Se suprimen los criterios económicos, restrictivos de la competencia así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización. Las CCAA establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios. Esto supondrá el adelantamiento del inicio la actividad comercial ahorrando costes a los operadores.
- Se suprime la definición de gran establecimiento comercial, evitándose con ello un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, ya que no se hace referencia alguna a los metros cuadrados de los establecimientos. El único aspecto relevante será el impacto medioambiental, urbanístico o sobre el patrimonio histórico-artístico que, dependiendo de la zona o el territorio, genere el establecimiento sin tener en cuenta la superficie.
- Se suprime la autorización previa en la venta automática y se exige únicamente la homologación de los modelos.
- En la venta ambulante se limita la duración de las autorizaciones para garantizar la rotación de los competidores debido a la escasez de suelo disponible, garantizando en cualquier caso a los comerciantes ambulantes la amortización de sus inversiones.
- Se sustituye la obligación de inscripción previa por una comunicación a posteriori del inicio de la actividad en los registros de ventas a distancia y de franquiciadores
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