El Punto de Coordinación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha registrado un total de 12.874 procedimientos judiciales desde que se puso en marcha en noviembre de 2009 este sistema telemático de notificación de órdenes de protección de víctimas de violencia de género.
Así lo ha informado este jueves la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, en el Parlamento de Andalucía, que ha explicado el funcionamiento de este sistema telemático, el primero implantado en España que permite notificar, de manera inmediata y con carácter confidencial, las órdenes de protección de violencia de género entre los órganos judiciales y los organismos de asistencia y protección de las víctimas de malos tratos.
En el primer semestre de este año, el Punto de Coordinación registró 2.878 procedimientos judiciales, de los cuales un 54 por ciento eran órdenes de protección y el 46 por ciento restante, medidas cautelares de alejamiento.
El Punto de Coordinación, que está ubicado en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, permite garantizar con mayor eficacia las medidas de asistencia y protección de las víctimas coordinando la información de una manera "segura, ágil y eficaz" entre los diferentes organismos competentes.
Cada vez que recibe la notificación de una orden de protección desde un órgano judicial, el Punto de Coordinación lo comunica de forma inmediata, a cualquier hora del día y cualquier día del año, a todas las instituciones y organismos competentes de asistencia y protección social. Y estos organismos deben remitir posteriormente un acuse de recibo detallando el seguimiento de todas las actuaciones que lleven a cabo con las víctimas.
El protocolo establecido dispone que el Punto de Coordinación remita la comunicación al Servicio de Atención a las Víctimas (SAVA) para la asistencia en sede judicial, al Centro Provincial de la Mujer para la utilización de los recursos del Servicio Integral de Atención y Acogida que se necesiten, o a cualquier otro organismo sanitario, social o de empleo que se requiera.
Los organismos de asistencia y protección social ofrecen a las víctimas información sobre las medidas administrativas que puedan derivarse de la orden de protección; les asesoran y acompañan en todo el proceso judicial; verifican su asistencia letrada; les orientan sobre los recursos sociales, sanitarios y de otro tipo disponibles que estén adaptados a sus necesidades; les ofrecen, cuando lo requiera, asesoramiento laboral, sobre formación profesional, creación de empresas y ayudas de las administraciones en la materia; y les facilitan las solicitudes de ayudas económicas gestionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer que correspondan a las víctimas de violencia de género.
Fuente: SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS)
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